Cuando el Estado mata y miente

Publicado originalmente en la Revista Oráculo, de la facultad de Comunicación Social-Periodismo, de la Universidad Externado de Colombia, 2014

Fair Leonardo Porras tenía 3 meses cuando sufrió una meningitis que le produjo convulsiones y reducción de sus reflejos en el costado derecho del cuerpo. La enfermedad le representó una incapacidad cognitiva del 53%, es decir, retraso mental moderado.

Vivía en el barrio Compartir en Soacha. El 9 de enero de 2008 llevaba puesta una chaqueta de cuero y un pantalón gallineto cuando fue engañado por Alexander Carretero, dueño de la tienda “Los Costeños” en Soacha, quien le dijo que lo acompañara a Ocaña a “hacer una vuelta”. Recorrieron 628 kilómetros hasta llegar al barrio Belén, en Ocaña, donde Dairo José Palomino, soldado del Batallón Santander lo recibió en su billar “El Paraíso”. Luego de un rato montaron dos motos, y cerca de las 8 p.m. un falso retén del Pelotón Búfalo 1 del Batallón Santander los detuvo; se llevaron a Fair Leonardo porque no cargaba documentos ya que previamente, junto con el celular, se los habían quitado. Lo subieron en un vehículo NPR gris de placas EDD-215 con destino a Ábrego.

Fair fue conducido a la vereda La Soledad, donde a las 2:30 a.m. del 12 de enero, rodeado de un campo de maíz y tomate, se encontraba de rodillas, con la cabeza inclinada frente al Cabo Carlos Manuel González, los soldados Ricardo García, Richard Contreras y Carlos Zapata, quienes le dispararon 9 veces en la cara, el tórax y el abdomen. Fair no tuvo oportunidad de moverse. Murió por un shock hipovolémico (desangrado).

A las 10:30 a.m., los funcionarios del CTI, Nancy Santiago y Miguel Mejía, llegaron a realizar el levantamiento del cadáver. En el informe que presentaron resaltaron que la víctima portaba un arma en el costado derecho. Fue llevado a Medicina Legal y un mes después, el 11 de febrero, lo enterraron en una fosa común del cementerio “Central”.

Luego de la ejecución de Fair Leonardo Porras, el Mayor Quijano, al amparo de la directiva ministerial 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa, que reglamenta el sistema de pagos e incentivos de éxitos militares, solicitó felicitación a todo el pelotón Búfalo 1 por el asesinato, y el Sargento Rodríguez pidió específicamente el reconocimiento y traslado de uno de los asesinos- el soldado Carlos Zapata Roldán- al Batallón Colombia del Sinaí.

Tras la desaparición, Luz Marina Bernal, madre de Fair, junto con sus hermanos, comenzó a buscarlo antes de que pasaran las 72 horas correspondientes para declararlo desaparecido; por eso en la Estación de Policía de Compartir no se efectuó investigación. También acudieron a la Fiscalía de Soacha pero no les recibieron el caso con el argumento de: “luego el desaparecido aparece y ustedes no regresan a quitar la denuncia”. Lo intentaron de nuevo el 8 de septiembre pero ocurría por entonces el “Paro Judicial” y tampoco les atendieron la solicitud. Lo buscaron por todas partes. “Mi hijo mayor y mi hija, la que canta, se disfrazaron de indigentes para hallarlo. Yo les decía: no podemos dejar ningún hueco sin buscar”, cuenta Luz Marina, madre de Fair.

El 16 de septiembre volvieron a saber de él. “Llamaron de Medicina Legal a mi casa. Yo sentí un escalofrío que subía y bajaba por todo el cuerpo; además, era como si me hubieran puesto una piedra gigante. Se acabó la búsqueda: Leonardo estaba muerto”. El 23 de septiembre, Luz Marina, su esposo y su hijo mayor, viajaron a Ocaña para recibir los restos de “Gringo”, como le decían cariñosamente por sus ojos azules.

El proceso de investigación sobre la muerte de Fair se inició el 14 de mayo de 2009 contra los cuatro asesinos, más el teniente Aldair Vargas y el coronel Marco Wilson Quijano. Luego se desarrollaron 6 audiencias preparatorias y 47 días de juicio oral. La primera condena se dictó el 25 de mayo de 2012 y estipuló penas de 30 años para los militares que le dispararon, pero tanto la defensa como la Fiscalía y, sobre todo, la abogada de Fair, Gloria Silva, que buscaba la declaración de crimen de lesa humanidad para los falsos positivos, interpusieron recurso de apelación contra el fallo.

Durante el proceso, los 6 militares que participaron dijeron que hubo un combate de 10 minutos entre ellos y un grupo de 4 extorsionistas que dejó como resultado el fallecimiento de uno de los criminales que portaba un arma Smith y Wesson en su mano derecha.

Resultó extraño para el juez de instancia que 9 personas disparen durante 10 minutos y el terreno que los rodea no tenga rastros de batalla. José Luis Torrado, dueño de la finca “Las Azucenas”, lugar donde ocurrió el “enfrentamiento”, confirmó que el campo no fue dañado en lo más mínimo. Además, Fair no tenía total control de la parte derecha de su cuerpo, lugar donde los peritos del CTI hallaron la Smith y Wesson. Jesús Ardila, investigador criminalístico de la Fiscalía, analizó un video de 10 secuencias donde aparece Fair en una fiesta. En 6 de estas usó la mano izquierda, en 3 tiene las manos en los bolsillos y en la restante usa la mano derecha para sostener un sombrero. A partir de esta prueba, más la historia clínica y el testimonio de la mamá, se definió que Fair era zurdo y tenía dificultades motrices sobre el costado derecho de su cuerpo: no podía manejar un arma. De esta manera, el juez concluyó que la Smith y Wesson fue puesta por los militares junto al cuerpo luego de acribillarlo.

De Fair se dijo que era el líder de una banda de extorsionistas en Ocaña y era él quien cobraba 200 mil pesos por vacunas. Luis Mogollón y Évila Garcés, supuestos testigos, dieron fe de ello. La señora Garcés, además, contó que el 10 u 11 de enero Fair estuvo en su casa exigiendo la plata de la “vacuna”, y ella, asustada, se escondió en un pastizal mientras veía cómo él insultaba y tocaba los senos de su hija Regina. Incluso dijo que alcanzó a detallar muy bien los ojos azules de Fair, pero… ¿Cómo hizo la señora Garcés para ver los ojos del presunto extorsionista estando escondida y fuera de la casa? Además, el antecedente de discapacidad mental hizo poco creíble para el juez que él fuera el líder de una banda que se dedicara a cobrar vacunas.

El testigo Luis Mogollón declaró que el viernes 11 de enero de 2008, decidió contarle al Coronel Álvaro Tamayo que estaba siendo víctima de amenazas y extorsiones, con el propósito de que el militar tomara las medidas necesarias, pero se demostró en el juicio que para la época el Coronel Tamayo estaba de vacaciones, lejos de Ocaña, desestimando así el relato del falso testigo.

Además de los falsos testimonios demostrados en el juicio, también se argumentó la falsificación de documentos para justificar el asesinato de Fair. El Sargento Sandro Pérez fue el jefe de la sección de inteligencia S2 hasta julio de 2008. En octubre de ese año, el Coronel Tamayo lo mandó llamar para que “organizara unas cosas de la oficina”. En esa época, la Fiscalía estaba realizando investigaciones sobre falsos positivos en Ocaña. Willington Álvarez Espitia, perito en informática de la Fiscalía, llevó a cabo una inspección de documentos en el Batallón Santander: encontró el archivo que reporta la muerte de Fair, nombrado “ORDOP número 1 Soberanía”. El documento fue creado el 5 de octubre de 2008, es decir, seis meses después del crimen y en la misma época en que el coronel Tamayo solicitó al Sargento Pérez que organizara unas cosas de la oficina.

Cuatro años y 78 días pasaron para esclarecer la muerte de Fair. El 31 de julio de 2013 se realizó la lectura de la sentencia condenatoria que determinó la culpabilidad por los delitos de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado a los cuatro militares que le dispararon; recibieron una condena de 54 años. El teniente Aldair Vargas fue sentenciado a 54 años por delitos de homicidio, desaparición forzada agravados, además de falsedad ideológica en documento público; el mayor Wilson Quijano fue condenado a 53 años por homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir agravados. Estuvo prófugo de la justicia y lo capturaron de nuevo el 5 de junio de este año en Cúcuta.

El fallo sobre la muerte de Fair Leonardo Porras es el segundo que existe sobre falsos positivos; el primero fue por el asesinato de Daniel Pesca y Eduardo Garzón en 2011. Pero es el del joven de Soacha el que logró la categoría de crimen de lesa humanidad; de esta forma cobija a los más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales que se efectuaron de 2002 a 2009 según el informe “Soacha: la punta del iceberg. Falsos positivos e impunidad”. Gracias a la declaratoria de lesa humanidad, los falsos positivos no prescribirán jamás.